La construcción de nuevas casetas y el cobro abusivo del peaje por parte de la Empresa Rutas de Lima condujo a la realización de protestas masivas e indignadas de los pobladores del Cono Norte. La primera, el 5 de Enero, fue la respuesta espontánea de los pobladores que veían coactada su libertad de circulación, al ponérseles una nueva caseta de peaje que limitaba el libre tránsito de las personas y elevaba los precios de la movilidad vehicular. Se produjo un enfrentamiento violento con la Policía, que dejó como saldo 9 heridos, incluidos 9 policías y 28 personas detenidas.
La segunda movilización, el 12 de Enero, fue más violenta, los pobladores pedían no sólo la suspensión del peaje sino su eliminación y rechazaban la provocación de la empresa que volvió a poner las casetas que habían sido quemadas en la primera protesta. Después de haber marchado pacíficamente, a la altura del Kilómetro 25 de la Panamericana Norte se produjo el desborde de la manifestación y se pasó de nuevo a un enfrentamiento violento y prolongado con la policía, producto del cual hay cerca de 60 detenidos.
Esta segunda movilización y enfrentamiento fue producto de la torpeza y de la complacencia del Alcalde de Lima Luis Castañeda con la empresa Rutas de Lima y, además, de la pasividad del gobierno central. El Alcalde primero dijo que estaba “con las manos atadas”, es decir a expensas de lo que hiciera y decidiera la empresa, y que no se podía “modificar absolutamente nada” del contrato firmado. Después salió con que debería eliminarse el pago del IGV de todos los peajes, esta propuesta no es una salida adecuada para solucionar las demandas que tienen los pobladores del Cono Norte por el pago abusivo del peaje. Luego, obligado por la presión de la población, pasó a pedir la suspensión del cobro del peaje por 30 días. Mientras que las declaraciones del Ministro Basombrío demostraban la forma como un gobierno débil trataba el problema del peaje, planteaba que el gobierno podía jugar el papel de facilitador entre la empresa y la municipalidad para que llegaran a una solución, esto era y es grave porque la solución del problema también está en la cancha del gobierno central.
Lo que ha sucedido en el Peaje de Puente de Piedra demuestra el abuso de empresas depredadoras. La Empresa Rutas de Lima ha incumplido con el contrato que dispone la construcción de vías alternas, las cuales no han sido construidas, y, lo que es más grave, tendría vínculos con Odebrecht que ha creado un vasto sistema de corrupción en el país. Por estos hechos no sólo se debería eliminar el cobro del peaje sino también anular el contrato del peaje.
Las demandas de la población del Cono Norte son justas y legítimas, porque con el nuevo cobro del peaje se está atentando contra el derecho de las personas a la libre movilidad y se vulnera la economía familiar. En el centro de lo ocurrido con el peaje está el comportamiento corrupto de políticos y funcionarios del Estado a distintos niveles, que tomando como pretexto la carencia de recursos para realizar inversión en infraestructura, se han arrodillado ante las empresas, las que hacen lo que les da la gana y buscan obtener ganancias gigantescas.
Es un deber de ciudadanos solidarizarnos con las demandas de los pobladores del Cono Norte, pidiendo no solo el no cobro del peaje sino también la nulidad del contrato.
14 de Enero 2017 RAUL MORE PALACIOS
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